Tras el informe de Contraloría señalan que debe haber una ley que faculte a los municipios a insertarse a esta actividad económica, un grupo de diputados presentó el proyecto de ley que abriría la posibilidad de que puedan ofrecer gas licuado.
La bancada de diputadas y diputados del PPD, encabezada por Raúl Soto, ingresó un proyecto de ley que busca autorizar a las municipalidades para desarrollar actividades empresariales o comerciales destinadas a transportar, distribuir y comercializar gas licuado, sea a través de un Municipio manera singular, o bien, mediante una asociación o agrupación de municipalidades.
“Fue nuestra Bancada la que en marzo anunció y abrió la fiscalización respecto al mercado del gas, lo que cimentó el camino para la creación de una comisión investigadora que aprobó un informe unánimemente y de forma categórica, donde se señala expresamente que nos hemos formado la convicción que hay elementos de una colusión que deben ser investigados y sancionados con toda la fuerza de la ley, y al mismo tiempo hicimos propuestas en materia regulatoria para generar mayor competencia pública y privada”, explicó el diputado Soto.
El parlamentario agregó que “durante estos días se han organizado distintos municipios a lo largo de todo Chile, y han iniciado gestiones directamente con la ENAP y también con la Superintendencia de Electricidad y Combustible, para avanzar en los cumplimientos y requisitos administrativos para poder operativizar el gas popular en nuestro país, que tiene como objeto que los municipios tengan la facultad de ser distribuidores minoristas de gas licuado en nuestro país para obtener un precio justo, y mucho más accesible para los vecinos y vecinas de nuestras comunas”.
“Sin embargo, lamentablemente el día de ayer tuvimos un informe de la Contraloría señalando que debe haber una ley orgánica constitucional que expresamente faculte a los municipios para desarrollar esta actividad económica. Nosotros tenemos unas diferencias, al igual que los municipios con esa interpretación, pero la Contraloría es un órgano fiscalizador de todos los entes del Estado que hay que respetar, y en esa línea estamos presentando una ley de quórum calificado, que faculta expresamente a los municipios de Chile para la distribución minorista, para el transporte y almacenamiento de gas licuado en nuestro país, para que a partir de allí los municipios puedan hacer efectivos los convenios con la ENAP, y avanzar en la tramitación y autorización de la Superintendencia para que puedan, ojalá, en un corto plazo entrar y ser distribuidores de galones de gas licuado en nuestro país”, señaló Raúl Soto.
En tanto, el diputado Ricardo Celis, sostuvo que “no es posible que los municipios tengan que asumir las tareas que el Estado debe asumir. Aquí hay un tema de fondo que no está resuelto que tiene que ver con el lucro y el precio increíble de los fármacos, el gas y la bencina, fuera del alcance de las familias, por lo tanto, esto que están buscando los alcaldes es un parche curita, pero igual solidarizamos con ellos y los felicitamos. Por esto no puede continuar, porque si no para cada cosa vamos a tener que hacer leyes especiales para que los municipios sean quienes busquen los precios justos para las familias”.
Por su parte, el diputado Rodrigo González, señaló que “este proyecto va en la línea del fortalecimiento de los Gobiernos Regionales y especialmente de los Gobiernos locales. Estos tienen que convertirse en una verdadera alternativa, cercana a la gente y con sus necesidades, de hecho los municipios tienen facultades significativas en relación con la organización de las Pymes, y deberían en ese ámbito tener todas las capacidades como el control de precios y requerimientos de los consumidores”.
En la misma línea, la diputada Carolina Marzán, manifestó que “ya no estamos en campaña y lo que importa es lo que nos dicen en los territorios. Ahora es cuando vamos a ver quiénes son quiénes, y en nuestro recorrido nos hemos dado cuenta que no solamente tiene que ver con el alza del gas, que es profundamente vergonzosa, sino que además con todos los servicios básicos, y me preocupan particularmente las familias, pero especialmente las personas adultas mayores, las personas con discapacidad que se ven especialmente vulneradas con esta situación, esperemos que esto llegue a buen puerto”.